Hemos presenciado estos últimos días esta discusión sobre el salario
mínimo, donde este gobierno -que cautela con mayor ahínco, a la oligarquía
corporativa-, además de ofrecer un reajuste indigno, que ya es un clásico, ingresó
al proyecto de ley la idea de la "plurianualidad", con la cual
pretendía dejar amarrado el próximo reajuste al escenario del futuro crecimiento económico del país [sin considerar
la grosera concentración de la riqueza y sus consecuencias económicas], lo que
dejaría a los trabajadores y trabajadoras sin posibilidad de negociaciones
periódicas por tres años (hasta el 2021), mintiendo sobre un escenario distinto
a la plurianualidad fijada por un
consejo de salarios tripartito, que opera en otros países, pero que en
Chile no existe, ni hay voluntad de que concurra.
¿Ustedes pueden entender que la lógica de gobernar sea vetar?, es decir,
“si no votan lo que quiero, los censuro”; y así andan ofreciendo Museos de la Democracia, sin entender lo
de fondo.
No se puede hablar de tiempos mejores,
cuando la remuneración discutida afecta a más del 37% de nuestros compatriotas,
y donde -en criterio de realidad-, el 50% recibe menos de $350.000 pesos. Chile
vive con lo justo, no solo eso, vive bajo la línea de la pobreza fijada en $417.348,
por cuatro personas en una familia, ya que un sueldo mínimo, después de los
descuentos legales, es de $220.000 líquidos: esta es la discusión fundamental,
¿con cuánto se vive?.
Ojalá los señores Larraín, Monckeberg y Blumer, que hablaron estas semanas
del "gran proyecto", de la "innovación", le salgan a
explicar a todos esos trabajadores y trabajadoras que NO TENDRÁN REAJUSTE, mucho menos la luca que posteriormente propusieron, ya
que su función, como poder ejecutivo, es garantizar el negocio al 1% de la población más rica. Tuvieron
la opción de veto aditivo, pero presentaron el sustitutivo, demostrando
expresamente que su interés jamás estuvo en mejorar las condiciones de los
trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, lo que se suma a la debilidad
sindical que tenemos y a la cual hemos contribuido con reformas antisindicales.
Lo más sensato, justo y necesario es ubicarse en línea de los países
desarrollados de la OCDE, en que los trabajadores y trabajadoras reciben sus
derechos colectivos a través de una negociación por rama de actividad, así se evitaría
este anual espectáculo miseria (lo que no incluyó la Reforma Laboral y antes
del plan laboral de Pinochet, este mecanismo si existía en nuestro país).
Como socialista, sindicalista y trabajadora, declaro mi absoluto repudio a
este resultado, y propongo que comencemos a plantear en cada conversación
familiar, en el trabajo, en cada lugar que podamos, tres temas relevantes: cómo el Estado debe entender la protección
de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, la fijación de un
sueldo máximo en el ámbito privado y público, y la elaboración de un
Nuevo Código del Trabajo para Chile.
Marcela Espinoza Silva
Vicepresidenta de la Mujer
Región de Valparaíso
Partido Socialista de Chile
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